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UNA COMPARACION DE PERCEPCIONES ENTRE PR Y EEUU EN CUANTO AL CRIMEN
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Gobernador firma enmiendas al Código Penal
5 DE ENERO, 2015 A LAS 4:52 PM

El gobernador Alejandro García Padilla convirtió en ley el lunes el Proyecto del Senado 1210, que enmienda varios artículos del Código Penal de Puerto Rico.“Estos cambios tienen como finalidad incentivar la rehabilitación de la persona convicta, disponer de medidas alternativas a la reclusión en delitos de severidad intermedia y ampliar la discreción judicial en el ámbito penal, entre otras cosas”, dijo García Padilla en comunicado de prensa.

Según el gobernador, esta nueva legislación plantea lo siguiente: reincorporar la pena de restricción terapéutica, como medida rehabilitadora bajo un modelo de justicia terapéutica para adictos; enmendar la restricción domiciliaria, para disponer que pueda imponerse en sustitución de la pena e reclusión de delitos graves cuyo término de reclusión dispuesto en el delito sea de ocho años o menos, o en delitos de negligencia.

Además, enmienda la pena de servicios comunitarios para que esté disponible para ciertos delitos graves y menos graves; restituye la facultad que poseían los jueces y la juezas de seleccionar entre varias penas, en sustitución de la reclusión, o combinarlas mediante una sentencia fraccionada; incorpora la reparación del daño como causa para mitigar la pena y, en casos excepcionales, dejarla sin efecto; incorpora penas de multas en los delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas y regula el concurso ideal, medial y real de los delitos.
De otra parte, enmienda el delito continuado para incluir en su definición el elemento subjetivo del propósito global y separarlo del artículo que regula los concursos; mantiene los tres tipos de reincidencia procedentes del Código Penal de 2004, pero atempera la pena al modelo enmendado que se introduce en la medida y reincorpora la figura del “Cooperador”.
El gobernador insistió en que la versión final de la medida no enmendó las penas de reclusión de los siguientes delitos: Agresión Sexual – Artículo 130 (se mantiene la pena de reclusión de 50 años); Incesto – Artículo 131 (se mantiene la pena de reclusión de 50 años);Secuestro de Menores – Artículo 120 (se mantiene la pena de reclusión de 50 años); Modalidad de Robo domiciliario – Artículo 190 (se mantiene la pena de reclusión de 30 años); Posesión y distribución de Pornografía Infantil – Artículo 147 (se mantienen las penas de reclusión de 12 y 15 años, según su modalidad; Privación Ilegal de Custodia – Artículo 121 (se mantiene la pena de reclusión de 8 años) y Asesinato en Segundo Grado – Artículo 95 (se mantiene la pena de reclusión de 50 años).

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17 de junio de 2014

Lave su carro en la cárcel

Un grupo de confinados lava autos de empleados públicos a precios módicos como parte de su recuperación

Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com

El lavado y secado de un auto tiene un costo desde $5. En la foto, el sitio de lavado de autos en la Avenida Barbosa, esquina Quisqueya en Hato Rey. (Suministrada)

¿Su carro está sucio y el bolsillo no da señales de vida como para poder pagar el lavado?

Considere pasar por uno de los “car wash” de los complejos correccionales del país. Pero para poder beneficiarse de los precios bajos de este lavado de autos debe ser un empleado del gobierno.

Y es que desde el 2011 el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) -mediante la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo- ofrece el “Proyecto Car Wash” para empleados del gobierno que deseen lavar su auto a un buen precio. El servicio consiste en el lavado y secado de autos a cargo de confinados. Esta labor se hace en el complejo correccional de Bayamón, en el de Ponce y en el de Aguadilla.

Además, en San Juan, Guayama y Mayagüez también se ofrece el servicio, pero estos espacios no son abiertos al público sino que, aunque también es trabajado por confinados, están disponibles para la flota del gobierno a un costo módico. Los “car wash” de San Juan Guayama y Mayagüez están bajo la jurisdicción de la Administración de Servicios Generales bajo un convenio con el DCR.

El Proyecto Car Wash de Bayamón, Ponce y Aguadilla está abierto para los empleados del gobierno.

El lavado y secado de un auto tiene un costo de $5. Por las guaguas o los autos conocidos como SUV se cobran $7, mientras que las guaguas más grandes tienen un costo de $9. Si desea añadirle brillo a las gomas o que le pasen la aspiradora en el interior del vehículo, cada servicio tiene un costo de $2, explicó la gerente de mercadeo de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo del DCR, Vanessa Rodríguez.

“Este es un proyecto con el objetivo de que los confinados adquieran una nueva destreza o habilidad para que cuando salgan a la libre comunidad puedan autoemplearse para evitar que reincidan”, dijo.

Precisó que el horario de servicio es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Todo empleado público interesado debe acudir a las instituciones carcelarias en las que se da el servicio y especificar su interés. Además, debe mostrar evidencia de que es empleado público, sostuvo Rodríguez.

Unos 24 confinados trabajan en las estaciones de lavado de carro, agregó.

“Es un servicio que ofrecemos y nos dan un tipo de inyección porque como nosotros no tenemos presupuesto pues nos ayuda con la nómina y presupuesto”, dijo el director de la corporación, Michael Sepúlveda.

La Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo existe desde 1947. Actualmente, con la mano diestra de los confinados, realizan trabajos de tapicería, costura, ebanistería y lavado de carros.

La Corporación trabaja con los fondos que genera que actualmente son aproximadamente $1.4 millones. No recibe dinero del Fondo General. Con el dinero que genera paga la nómina de los confinados que a su vez reciben bonificación en sus respectivas sentencias.

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4 de junio de 2014

Confinados reparan los pupitres de Educación

Reconstruyen miles de pupitres de cara al nuevo año escolar.

Por Gloria Ruiz Kuilan / gruiz@elnuevodia.com

La Corporación paga a los confinados que selecciona para estos trabajos entre $2 a $10 por día. (Archivo)

El olor a aserrín es penetrante, sobre todo mezclado con el de la pega que deja saber que se trata de un taller de ebanistería.

En la cárcel 448 del Complejo Correccional de Bayamón, 41 reos restauran los pupitres que el Departamento de Educación (DE) les encomendó de cara al semestre escolar que comienza en agosto.

El proceso comienza con la llegada de los pupitres. Vienen mohosos, desbalanceados, sin formica o con un pedazo de madera en pésimas condiciones. Pero “aquí los dejamos como nuevos”, dijo con evidente orgullo Adrián Merced, quien lleva tres años laborando en la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La corporación existe desde 1947, pero este año tomó nuevos bríos con la orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla, que reitera que cada agencia, municipio o corporación debe cumplir con la Ley 47, que establece que deben comprar u ordenar “preferentemente” a la Corporación.

Sepúlveda reconoció que esta orden ejecutiva no es novel de esta administración. Pero se ha registrado un aumento en patrocinio y órdenes de los municipios y agencias desde el año pasado. Cuentan con nueve clientes adicionales del gobierno, tres de ellos municipios y seis agencias. “Además, tenemos clientes del sector privado y ahí también ha aumentado con 10 clientes más”, indicó Sepúlveda.

Actualmente, los confinados que laboran en la Corporación tienen las manos llenas con los miles de pupitres que deben reparar del DE.

“Es algo que lo hemos aprendido aquí”, dijo Merced sobre la labor de restauración.

 

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Llega el cine a la Cárcel de Vega Alta
POR ELVOCERO.COM – 6 de abril de 2014

Las reclusas de la cárcel de mujeres observaron, disfrutaron y discutieron, por espacio de cuatro horas, la película titulada ‘North Country”

Aunque para muchos el cine es solo un espacio de distracción y recreación, este arte también sirve como método de reflexión y educación. En eso coincidieron el director de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico (CDC) y el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ever Padilla Ruiz y José R. Negrón Fernández, respectivamente, al anunciar una iniciativa dirigida a la poblacional correccional conocida como ‘Cine para Educar’.

Las confinadas de la Escuela Industrial de Mujeres de Vega Alta, son el sexto grupo en participar del proyecto educativo que busca orientar a los reclusos sobre los derechos que los cobijan y sus responsabilidades como miembros de la sociedad, a través de la cinematografía.

“Cine para Educar’ representa una excelente oportunidad para su crecimiento personal. Este aprendizaje se lleva a cabo en etapas y de manera organizada para logar nuestro fin. Antes de comenzar la película, nuestro personal discute con ellas los derechos civiles que las protegen como ciudadanas, mujeres y confinadas. Luego disfrutan del film y para concluir, se analiza la cinta desde una perspectiva educativa utilizando los hechos presentados en la película como escenarios para que ellas puedan visibilizar su realidad actual”, explicó el Director de la CDC.

En esta primera función, las reclusas de la cárcel de mujeres observaron, disfrutaron y discutieron, por espacio de cuatro horas, la película titulada ‘North Country‘, cuyo contenido se basa en temas relacionados a la igualdad de género y la violencia doméstica.

Por su parte, el Secretario del DCR aplaudió la iniciativa porque se suma a otros proyectos que ha desarrollado el Departamento para promover la rehabilitación de la población confinada. “Son actividades diferentes que ofrecen esparcimiento, y una oportunidad de educarse en cuanto al significado de los derechos fundamentales y los mecanismos disponibles para exigir que se les respeten y protejan”.

‘Cine para Educar’ se ofrecerá en todas las Instituciones Correccionales alrededor de la Isla para el disfrute de todos los confinados, incluyendo a los jóvenes que se encuentran en instituciones juveniles cumpliendo por sus faltas. La participación es de forma voluntaria.

La iniciativa, que permite ver los derechos “en acción”, al presente ha impactado a sobre 250 reclusos de las cárceles de Bayamón, Ponce, Guayama y Sabana Hoyos.

El mencionado proyecto se ofrece como parte de una alianza entre ambas dependencias gubernamentales para el desarrollo de temas y el establecimiento de propuestas adicionales a los programas y servicios que ya se ofrecen. La próxima función de ‘Cine para Educar’ se exhibirá en el complejo correccional de Mayagüez.

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Changes to Sentencing Laws
April 1, 2014

My kids love the song “Happy,” by Pharrell Williams from the movie Despicable Me 2. They play it over and over, and now it’s stuck in my head. But I’ve decided that’s not such a bad thing because the lyrics pretty much capture what I’m feeling these days, “Can’t nothing bring me down, My level’s too high, Because I’m happy…”

And that’s how I feel! There is a lot to be happy about when it comes to sentencing reform! I’ll give you the highlights:

First, the U.S. Senate is getting ready to vote on the Smarter Sentencing Act, S. 1410, a bill that would reduce drug sentences and save an estimated $3 BILLION over ten years. Specifically, the bill would cut mandatory sentences in half for drug offenses; make retroactive the reductions in crack cocaine sentences that were passed in 2010; and slightly broaden the number of drug cases in which a judge could go below the mandatory minimum sentence. This bill has impressive bipartisan support in the Senate. It’s wonderful to hear the media point out that one of the few issues in Congress that has support from the right and the left is sentencing reform! Of course, law enforcement is trying to stop the bill from passing, so we’ve still got our work cut out for us before the expected early-May vote in the Senate.

Over at the U.S. Sentencing Commission, they are considering whether to lower drug sentences by two levels, essentially reducing the average drug sentence by 11 months! FAMM was invited to testify about this issue a couple of weeks ago (we were the only advocacy group asked to testify) and I told the Commissioners that we absolutely support this reform. So does the Attorney General of the United States; he went to the Commission to say so in person! We expect the Commission will vote to send the amendment to Congress on May 1st and then decide this summer whether to make the lower drug guideline retroactive to apply to drug offenders already in prison. If they do, it could mean that up to 100,000 federal prisoners could apply for reduced prison sentences!

Talk about happy! I would be ecstatic if the Commission votes to make the lower drug guidelines retroactive! It’s not a slam-dunk, however, because the sheer number of people who could benefit makes the Commission worry that the courts will be over-burdened by requests for sentence reductions. But as we have said before, justice should not be a matter of convenience. Making “drugs minus two” retroactive is the right thing to do. We will be pressuring the Commission to do the right thing and will want you to join us in that effort this summer.

Other great news is that the Department of Justice is looking for federal prisoner cases to send to the President for clemency! You may have read that the Deputy Attorney General (the second in command at the Department of Justice) has publicly asked lawyers in the country to help him find federal prisoners deserving of clemency. The Deputy Attorney General also asked FAMM and five other organizations to help him find cases and lawyers to represent them. After years of begging the Pardon Attorney’s office to grant commutations to prisoners, I have to say it was weird and wonderful to find myself sitting next to the Deputy Attorney General as he asked us to help him find cases worthy of clemency! This brave new world points to how far we have come since I started FAMM in 1991!

We are now working with the other groups to set up a system to help identify and lend a hand to prisoners who are serving sentences that meet the criteria the Justice Department will soon release. We have a pretty good idea that it will be targeted at federal drug offenders who are serving life or near-life sentences, are nonviolent, didn’t have leadership roles and – importantly – if sentenced today would likely not receive the same sentence, due to changes in sentencing laws and policies. Stay tuned for more on this very happy news!

And more good news comes out of FAMM’s Florida project! Florida is poised to change their mandatory gun sentencing laws that put people in prison for 20 years for simply firing warning shots to protect themselves or their families. The laws have led to outrageous punishments for people like Orville Lee Wollard. Working with the NRA, FAMM has championed the reform of these mindless sentencing laws. Our Florida project director, Greg Newburn, reports that our prescription drug reform bill in the state is also close to passage. That absurd law has led to the 15-year incarceration of people like Todd Hannigan. The Florida legislative session will end in April, and if the wind stays at our back, we will see both of these sentencing reform bills get signed by the Governor!

So, you can see why I’m happy! Sentencing reform has become mainstream! When I started FAMM 23 years ago, not many people in power wanted to talk about lowering sentences for anybody. Now, we’ve got Republicans and Democrats joining forces to support bills that make sentences smarter and fair!

I knew we had reached the point of no return recently when Texas’s conservative Governor Rick Perry told a conservative crowd at a conservative conference (CPAC ) that although he disagrees with just about everything President Obama and Attorney General Holder say, he agrees with them on prison and sentencing reform. That was music to my ears. “Happy” music, in fact!

My best,

Julie
Julie Stewart
President and Founder

Families Against Mandatory Minimums
1100 H Street NW Suite 1000
Washington DC, 20005

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Confinadas Experimentan Con La Alta Costura
El Nuevo Día
1 de abril de 2014

Las confinadas dibujaban modelos en papel mientras estudiaban los vestidos de alta costura, pero al final las creaciones eran suyas. Algunas se acostaron sobre el piso de un salón del Museo Las Américas en Ballajá, mientras otras se recostaron sobre las paredes de la instalación y la inspiración fluía lejos de los barrotes de su confinamiento.

Se trataba de un encuentro entre un grupo de confinadas de la Escuela Industrial de Mujeres de la cárcel de Vega Alta, con el diseñador español Manuel Fernández, un compartir e interacción con el mundo de la alta costura.

Como parte de varias iniciativas encaminadas por la agencia para ampliar sus programas de rehabilitación, el Departamento de Corrección llevó a un grupo de confinadas a ver la exhibición FashionArt en el museo del Viejo San Juan y a conocer a su creador. La exhibición consiste de una colección de trajes del diseñador sobre los que pintaron artistas plásticos locales.

Quince confinadas, de mínima, mediana y máxima seguridad, fueron seleccionadas para el evento que contó con la participación del diseñador, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y el secretario de Corrección, José Negrón Fernández.

“Creo que esta actividad ha levantado en nosotras una inquietud para conocer de otras cosas”, sostuvo la confinada Xiomara Vargas, de 34 años de edad y quien cumple una sentencia de 21 meses de cárcel por la Ley 54.

Las confinadas, que trabajan en la panadería de su institución, primero recibieron una orientación audiovisual sobre el arte y la moda. Posteriormente, realizaron sus propios diseños basándose en los trajes de las presentaciones. La actividad concluyó en otro salón donde las reclusas realizaron otros dibujos en papel y en delantales que utilizarán en la panadería.

El diseñador expresó ser un privilegiado por poder participar de su primer taller con confinadas.

“Son un grupo de mujeres marginadas”, sostuvo el artista. “Esta exposición es única y se la han tomado con una naturalidad tremenda”, añadió Fernández.

Por otra parte, Bhatia compartió más de una hora con las confinadas mientras las mujeres terminaban sus obras. El presidente del Senado subrayó “la importancia de llevar el concepto teórico de la rehabilitación a la realidad”.

“Tenemos que ofrecerle a las confinadas las oportunidades que necesitan para desarrollarse plenamente en la libre comunidad”, indicó Bhatia.

“El privilegio que se les ofrece de salir de la institución por su buen comportamiento será de estímulo para otras confinadas”, añadió Negrón Fernández.

La exhibición FashionArt está abierta al público desde el pasado 25 de febrero y se podrá disfrutar hasta el 25 de mayo en el museo del Viejo San Juan.

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Investigan Uso de Reclusos Para Obras de Ornato y Construcción
El Vocero
31 de marzo de 2014

El Senado celebrará una vista pública hoy para darle seguimiento a la Resolución 536, que ordena a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 166-2009, para la utilización de confinados en la realización de diversas tareas.

Esta Ley 166 estableció las tareas a realizarse como, actividades agrícolas, ornato, construcción, entre otras, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población. La Resolución 536, de la autoría del senador por Humacao, Jorge Suárez Cáceres, busca conocer si la Ley cumplido con sus propósitos.

La vista, que será presidida por senador por Guayama, Miguel A. Pereira Castillo, está citada para las 11:00 de la mañana en el salón Rexach Benítez del Anexo del Senado y tiene citados como deponentes al Departamento de Corrección y al Departamento de Justicia, así como el Colegio de Abogados.

“La reincidencia de un exconfinado se mantiene en proporciones ascendentes y uno de los factores para esa reincidencia es por la falta de empleo y adiestramiento de empleo”, lee la exposición de motivos de la medida.

“Para una posible rehabilitación moral y social, se requiere interés del estado no tan solo en la creación de leyes, sino, de igual manera, en su implementación”, indica.

En dicha vista, también se verá la Resolución del Senado 95, para implementar el Programa de Rehabilitación Entrenando Animales de Asistencia y Animales de Terapia, adscrito al Departamento de Corrección y Rehabilitación, a los fines de ofrecerle programas alternos de rehabilitación a través de nuevas oportunidades de empleo y educación a los confinados.

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Pactan acuerdo para que los reos tengan posibilidad real de empleo
Trabajo y Corrección firman colaboración a esos fines

21 de marzo de 2014
El Nuevo Día

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), José Negrón, y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Vance Thomas, firmaron la mañana de hoy, viernes, un acuerdo colaborativo que permitirá proveerle las herramientas necesarias a los confinados para que se puedan reintegrar a la sociedad con una posibilidad real de empleo.

El acuerdo consiste en el ofrecimiento directo en las instituciones penales de los programas de capacitación y preparación empresarial que da el DTRH. Esta agencia además se insertará en el proceso de búsqueda de empleo que realiza el confinado cuando sale a la libre comunidad.

“Este acuerdo permitirá facilitar la transición de los exconfinados y confinadas al mundo laboral, promoviendo la autosuficiencia de los participantes y aportando al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Estos objetivos se cultivarán mediante el ofrecimiento a la clientela del sistema correccional y de justicia juvenil de servicios y programas que son administrados por el DTRH relacionados a colocaciones en el empleo y adiestramiento”, lee el acuerdo firmado esta mañana en una actividad realizada en las afueras del Departamento de Trabajo y a la que asistió un grupo de confinadas.

Ambos secretarios catalogaron la firma del acuerdo como un paso de avanzada. Señalaron que el proceso para que los confinados reciban ayuda en la búsqueda de empleo formará parte de su camino a la rehabilitación, debido a las nuevas oportunidades laborales que tendrán. Igualmente, será un estímulo para desarrollar un buen comportamiento dentro de las instituciones, pues esto será un requisito para poder participar de los programas.

“La firma de este acuerdo ofrece nuevas oportunidades al confinado y al exconfinado en términos laborales, siguiendo todos los procesos de ley correspondientes. Para el exconfinado es una nueva herramienta en su proceso de reinserción a la sociedad y al confinado lo va preparando y adiestrando dentro de la institución”, destacó Negrón Fernández en declaraciones escritas.

Por su parte, el secretario del Departamento de Trabajo expresó gran regocijo por la firma del acuerdo colaborativo, ya que por vez primera su agencia se insertará y aportará al proceso de rehabilitación e incorporación a la libre comunidad de los confinados del sistema correccional del país.

“Hoy comenzamos una nueva etapa dentro de la rehabilitación e inserción de los confinados a la libre comunidad. Con el ofrecimiento de los talleres, cursos y actividades de capacitación y adiestramiento que nuestras distintas unidades y secretariados cuenta, se dará una oportunidad única a los participantes de Corrección a adquirir nuevos conocimientos aplicables a su regreso a la libre comunidad”, expresó Thomas.

El acuerdo señala que se promoverá el desarrollo de las destrezas empresariales de los confinados y la disponibilidad de espacios de sana convivencia entre estos y la comunidad en general. Un ejemplo mencionado fue la oportunidad que se le dará a los confinados de vender sus productos de panadería, artesanías y agrícolas una vez al mes en la Plazoleta del Departamento del Trabajo, en Hato Rey.

También, el acuerdo indica que les brindará a los confinados información sobre servicios y programas que son administrados por el DTRH, con particular énfasis en aquellos confinados que estén próximos a insertarse en la libre comunidad.

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Obama’s EEOC: We’ll Sue You If You Don’t Hire Criminals
15 Feb 2013
By Jim Meyers

The Obama administration’s Equal Employment Opportunity Commission says it should be a federal crime to refuse to hire ex-convicts — and threatens to sue businesses that don’t employ criminals.

In April the EEOC unveiled its “Enforcement Guidance on the Consideration of Arrest and Conviction Records,” which declares that “criminal record exclusions have a disparate impact based on race and national origin.”

The impetus for this “guidance” is that black men are nearly seven times more likely than white men to serve time in prison, and therefore refusals to hire convicts disproportionally impact blacks, according to a Wall Street Journal opinion piece by James Bovard, a libertarian author and lecturer whose books include “Freedom in Chains: The Rise of the State and the Demise of the Citizen.”

Latest: Should ObamaCare Be Repealed? Vote in Urgent National Poll

Most businesses perform background checks on potential employees, but the EEOC frowns on these checks and “creates legal tripwires that could spark federal lawsuits,” Bovard observes.

An EEOC commissioner who opposed the new policy, Constance Baker, said in April that the new guidelines will scare businesses from conducting background checks.

Reason: If a check does disclose a criminal offense, the EEOC expects a firm to do an “individual assessment” that will have to prove that the company has a “business necessity” not to hire the ex-convict. If the firm does not do the intricate assessment, it could be found guilty of “race discrimination” if it hires a law-abiding applicant over one with convictions.

Bovard points out that the “biggest bombshell” in the new guidelines is that businesses complying with state or local laws requiring background checks can still be sued by the EEOC.

That came to light when the EEOC took action against G4S Secure Solutions, which provides guards for nuclear power plants and other sensitive sites, for refusing to hire a twice-convicted thief as a security guard — even though Pennsylvania state law forbids hiring people with felony convictions as security officers.

Bovard quotes Todd McCracken of the National Small Business Association: “State and federal courts will allow potentially devastating tort lawsuits against businesses that hire felons who commit crimes at the workplace or in customers’ homes. Yet the EEOC is threatening to launch lawsuits if they do not hire those same felons.”

Bovard concludes: “Americans can treat ex-offenders humanely without giving them legal advantages over similar individuals without criminal records.”

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